Avala Comisión de Energía dictamen a la minuta para expedir leyes de Pemex y CFE

La Comisión de Energía aprobó, en lo general y con la incorporación de un adéndum, el dictamen a la minuta que expide las leyes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y reforma las leyes Federal de las Entidades Paraestatales; la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

 

La discusión en lo particular de esta tercera minuta remitida por el Senado de la República y avalada hoy por 20 votos a favor y 7 en contra, se hará en el Pleno camaral, aseguró el presidente de la comisión, diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez (PRI).

El adéndum propuesto por la mesa directiva de la comisión plantea integrar a las leyes de Pemex y CFE las disposiciones sobre los regímenes especiales en materia de presupuesto y deuda de las empresas, en el título denominado “Del Régimen Especial”.

El diputado Juan Bueno Torio (PAN), al dar lectura a este adéndum, dijo que el régimen propuesto deberá aplicarse sin intervención alguna de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier otra instancia de la Administración Pública Federal.

Explicó que este régimen asegura que las empresas productivas del Estado gocen de la autosuficiencia necesaria para maximizar su competitividad sin sujetarlas a controles adicionales o distintos a los plasmados en la Constitución.

Bueno Torio detalló que ello permitirá proveer a las empresas de un marco jurídico integral que les permita operar y realizar sus objetivos de manera eficiente, eficaz y bajo la certeza jurídica, concentrando en un solo ordenamiento jurídico todas las disposiciones jurídicas aplicables a cada una de las empresas productivas, lo cual facilita la interpretación armónica de las mismas conforme a las particularidades que cada una de ellas tiene.

Expresó que cada uno de los pilares de la reforma constitucional en materia de energía, publicada el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, persigue dotar de autonomía a Pemex y a CFE, así como conferirles un régimen especial en diversas materias.

Por ello, se considera que para mayor claridad y certeza respecto al régimen especial de dichas empresas, lo más conveniente es que las normas que regulen la materia de presupuesto y deuda estén contenidas en sus respectivas leyes, y no como se propone tanto en la iniciativa presidencial como en la minuta de Ley de Presupuesto y la Ley de Deuda que tenemos en esta Cámara de Diputados, detalló.

Agregó que, de esta manera, se incorporan las propuestas que el Ejecutivo presentó a la Cámara de Diputados en la iniciativa, y se integra todo el adéndum en el propio dictamen con las salvedades y modificaciones que han resultado debido al análisis y al estudio que se ha hecho respectivamente a cada una de las dos empresas productivas del Estado.

Bernal Gutiérrez mencionó que el adéndum también “será discutido en la reunión de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Cuenta Pública”.

Previo a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el secretario de la comisión, diputado Javier Treviño Cantú (PRI), detalló que el objetivo central de este dictamen es la transformación toral de Pemex y de la CFE en empresas productivas del Estado.

Se busca, dijo, fortalecer a estas empresas, dotándolas de herramientas jurídicas que les permitan competir con eficacia y eficiencia, y permitir tomar decisiones de manera autónoma y flexible, conforme mejor convenga a sus estrategias de negocio y comerciales.

Argumentó que Pemex y CFE contarán por primera vez en su historia con un régimen normativo que, en lugar de estar pensando bajo principios burocráticos y de excesivo control e injerencia gubernamental, tenga como premisa la incorporación de principios empresariales conforme a las mejores prácticas internacionales, y sin perder el control y propiedad del Estado.

Treviño Cantú precisó que con este nuevo régimen dará un giro la vida institucional y organizacional de ambas empresas, ya que por primera vez sus consejos de administración asumirán plenamente la conducción central de su grupo corporativo, y el gobierno federal se limitará a ejercer las funciones que le corresponden en su carácter de propietario en representación de todos los mexicanos.

Relató que ahora las empresas podrán celebrar toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías para cumplir con su objeto.

En materia de gobierno corporativo, agregó, se establece que los consejos de administración sean los órganos decisorios máximos de estas empresas, con consejeros verdaderamente independientes que serán elegidos conforme a su experiencia y trayectoria profesional y con responsabilidades claras respecto de su actuación en el seno del consejo.

Se garantiza la operación flexible, autónoma y eficiente de las empresas subsidiarias y filiales en el régimen de remuneraciones para adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, bienes y responsabilidades, así como dividendo estatal.

Expuso que uno de los aspectos más relevantes derivado de la transformación de Pemex y de la CFE es el relacionado con su vigilancia y auditoría; en este sentido se incluyen nuevos sistemas de vigilancia diseñados conforme a las mejores prácticas internacionales.

Además, se prevé la creación de un comité de auditoría que será responsable de emitir los lineamientos de vigilancia de las empresas y la existencia de una auditoría interna, estructura que trabajará como el brazo ejecutor de dicho comité.

Aunado a ello, resaltó Javier Treviño, se establece la existencia de un sistema de control interno que será responsabilidad del director general y que tendrá como función principal la identificación y prevención de riesgos, así como la observancia de las disposiciones jurídicas, contables y financieras que resulten aplicables.

También se precisa que las empresas productivas del Estado deberán contar con un auditor externo designado por su consejo de administración y la Auditoría Superior de la Federación seguirá siendo competente para fiscalizarlas, dada la naturaleza pública de los recursos con que se constituyen.

Argumentó que la transformación no implica “de ninguna manera reducir la supervisión y control estatal sobre las empresas y los recursos públicos que ellas dispongan”, por lo que se incluyen novedosas disposiciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Por lo que respecta a su transparencia, se establece que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no solo están obligadas a cumplir con las leyes en la materia como cualquier otro órgano del Estado, sino a atender las disposiciones sobre revelación de información a sus inversionistas, en este caso, el Estado mexicano.

Se fija que el comisario realizará la evaluación que le corresponde al Estado mexicano en su carácter de propietario; se precisan informes de estas empresas productivas del Estado al Legislativo y Ejecutivo, a efecto de que estos poderes cuenten con información precisa y confiable sobre su desempeño y para el mejor ejercicio de las atribuciones que le corresponden.

También, se incorporan nuevas normas por las cuales se dará seguimiento en tiempo real al comportamiento de todos los contratistas de Pemex y de la CFE; al nivel de cumplimiento de sus obligaciones no sólo contractuales, sino las ambientales o laborales, por lo que “se garantiza que estén en posibilidad de responder a la idoneidad financiera, jurídica y ética de las personas o empresas con quienes contratan”.

El diputado resaltó que hay una total aplicabilidad de las leyes en materia de anticorrupción, y que dichas medidas no se limitan a la supervisión de las primeras etapas de contrataciones, sino deberán garantizar una estricta supervisión de todas las operaciones comerciales de Pemex y la CFE, a través de mecanismos que permitan identificar a los responsables de las decisiones que se adopten no sólo durante los procesos de contratación, sino posterior a la ejecución de los mismos.

El dictamen, agregó, también incorpora sistemas de denuncias y quejas anónimas; cumple a cabalidad con los postulados constitucionales, además de que redundará en que las empresas productivas del Estado sean comercialmente exitosas, pues gozarán de regímenes jurídicos que les permiten flexibilidad y autonomía en la toma de sus decisiones comerciales, sin que ello implique olvidar la necesaria y estricta supervisión estatal que debe existir en cuanto a la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.

Conforme al documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, tanto Pemex como CFE gozarán de autonomía presupuestal y estarán sujetas sólo al balance financiero y al techo de servicios personales que, a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), apruebe el Congreso de la Unión.

También, serán empresas productivas del Estado, de propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozarán de autonomía técnica, operativa y de gestión. Además, tendrán domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades puedan establecer domicilios convencionales tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

La Ley de Pemex, precisa, tendrá por objeto llevar a cabo la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización.

Pemex podrá celebrar con el gobierno federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías, manteniendo el Estado mexicano en exclusiva la propiedad sobre los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo.

Se establece un Consejo de Administración, el cual será el encargado de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de Pemex. El Plan de Negocios de la empresa se elaborará y actualizará con un horizonte de cinco años.

Pemex y sus empresas productivas subsidiarias entregarán anualmente al gobierno federal un dividendo estatal. En el mes de julio de cada año, el Consejo de Administración enviará a la SHCP un reporte sobre la situación financiera y los planes, opciones y perspectivas de inversión y financiamiento en el ejercicio inmediato siguiente y los cinco años posteriores, acompañado de un análisis sobre la rentabilidad de dichas inversiones y la proyección de los estados financieros.

Indica que las utilidades que obtengan Pemex y sus empresas productivas subsidiarias tienen como fin incrementar los ingresos de la Nación, para destinarlos al financiamiento del gasto público, por lo que dichas utilidades no se repartirán entre sus trabajadores; ello, aclara, sin perjuicio de que conforme a la legislación laboral, puedan otorgar a sus trabajadores cualquier incentivo, compensación, bono, gratificación o comisión por el diseño de sus labores.

La nueva Ley de la CFE precisa que dicha empresa deberá prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Tendrá que actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad, para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional.

Indica que CFE podrá celebrar con el gobierno federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias o filiales.

De igual modo, contará con un Consejo de Administración, responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de la CFE, sus empresas productivas subsidiarias y filiales; se encargará de actualizar anualmente el Plan de Negocios, con base en una proyección a cinco años y conforme al programa operativo y financiero anual.

Además, tendrá un sistema de información pública sobre sus proveedores y contratistas que deberá actualizarse periódicamente y contener la información de los últimos cinco años de los contratos, así como el historial de cumplimiento de los mismos, incluyendo la ampliación, incremento o ajuste en dichos contratos.

Subraya que la CFE, sus empresas productivas y filiales, con la participación de la representación sindical, establecerán los mecanismos que resulten necesarios para la debida capacitación de sus recursos humanos, con la finalidad garantizar su eficacia, productividad y competitividad en la industria eléctrica y en la consecución de su objeto.

Publicado por Cámara de Diputados