Diputados fijan posicionamientos sobre las leyes de Petróleos Mexicanos y CFE

Diputados de la Comisión de Energía fijaron sus posicionamientos respecto a la tercera minuta recibida del Senado de la República, la cual expide las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, y reforma diversas disposiciones de la leyes Federal de las Entidades Paraestatales; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Previa a su aprobación en lo general, con 20 votos a favor y siete en contra, legisladores del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza se pronunciaron a favor del dictamen, porque, sostuvieron, Pemex y CFE estaban atadas a un marco jurídico que les impedía operar con eficiencia y productividad y limitaba sus posibilidades de crecimiento e inversión; con las reformas, agregaron, se atienden los retos de estas empresas, como el de aumentar la plataforma de producción de petróleo.

Además, continuaron, se transita a niveles de transparencia y combate a la corrupción que le permitan a México tener un sector energético robusto que compita y rinda cuentas, y se impulsa el desarrollo del país a través de un mercado energético sólido y eficiente.

En tanto, legisladores del PRD, Movimiento Ciudadano y PT se manifestaron en contra del dictamen al considerar que se prefiere la proliferación de compañías privadas y un debilitamiento de Pemex; se está desmantelando a las dos empresas y se les deja como propiedades exclusivas del gobierno federal y no de la nación.

Al fijar su posicionamiento, el diputado Noé Hernández González (PRI) manifestó su voto a favor del dictamen puesto que Pemex y CFE estaban atadas a un marco jurídico que les impedía operar con eficiencia y productividad y limitaba sus posibilidades de crecimiento e inversión.

Estas reformas, dijo, tendrán el objetivo de generar un valor económico e incrementar los ingresos de la nación con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. Tendrán flexibilidad y transparencia para actuar ante la nueva economía de mercado que rige en el mundo, al establecerse y contar con autonomía técnica, operativa y de gestión y un régimen jurídico especial que garantice que siguen siendo propiedad estatal al 100 por ciento.

Indicó que con las leyes secundarias, la transparencia será clave para que los ciudadanos perciban cómo cumplen con sus objetivos; por ello, se sujetarán a leyes de transparencia y acceso a la información, de fiscalización y rendición de cuentas y combate a la corrupción, y de prevenir, identificar, investigar y sancionar los actos de omisión que la contravengan.

Enseguida, el diputado Rubén Camarillo Ortega (PAN) manifestó su voto a favor del dictamen, al argumentar que atiende los retos de Pemex como aumentar la plataforma de producción de petróleo, que cayó de 3.4 a 2.4 millones de barriles diarios, y superar los rezagos tecnológicos ya que el crudo “barato y fácil ya se acabó; los yacimientos a los que debemos acceder son complejos y de alto costo de extracción”.

Asimismo, podrá mejorar sus indicadores de productividad y calidad, y superar los pasivos que le representan una pesada carga, como el laboral no fondeado, que es de más de un billón 200 mil millones de pesos. También contará con un nuevo régimen fiscal no confiscatorio que deberá acompañarse de autonomía presupuestal.

Dijo que con los cambios legales no se le quita nada a Pemex ni a CFE. Indicó que actualmente se producen 60 mil Megawatts y en la próxima década se estima llegar a poco más de 90 mil; por ello, dijo que la CFE debe consolidar lo que tiene y dejar que otros vayan por 30 mil Megawatts. Igual sucede con PEMEX, pues si se quiere aumentar la producción de petróleo, debe concentrarse en mantener su capacidad y dejar a terceros este crecimiento.

Al fijar su posicionamiento, la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (PRD) ratificó su voto en contra del dictamen por ser un “atentado al país”. Indicó que su responsabilidad es señalar los riesgos y hacer la propuesta de un régimen menos confiscatorio tanto para Pemex como para la Comisión Federal de Electricidad.

Indicó que con estas reformas, “bajo un desprecio y trato discriminatorio, se prefiere la proliferación de compañías privadas y un debilitamiento de Pemex”, pues no le dota de autonomía de gestión, ni presupuestal; no tiene alivio fiscal, debido a que el régimen propuesto es prácticamente el mismo que opera en la actualidad. La Secretaría de Hacienda, sostuvo, “continúa exprimiendo fiscalmente a Pemex, ahogándolo a través de decidir el balance financiero y el techo presupuestal, determinando los proyectos productivos de la petrolera”.

Además, consideró que se promueve la apertura y competencia, pero Pemex no tendrá la capacidad de elegir con quién y de qué forma se asocia para concretar alianzas estratégicas. Subrayó que esta ley favorece la opacidad; un ejemplo claro es la Ronda Cero, “concebida en un limbo donde no existen lineamientos, criterios de selección y sigue sin establecerse en este conjunto de propuestas”.

El coordinador del grupo parlamentario del PVEM, diputado Arturo Escobar y Vega, aseguró que firmaba ante notario público que “si hay abastecimiento de gas natural suficiente, (es el 1.01 de economía), van a bajar los recibos de luz eléctrica, y de eso se trata esta reforma”.

Consideró que estas modificaciones son una oportunidad inaudita para transitar a niveles de transparencia y combate a la corrupción que le permitan a México tener un sector energético robusto que compita y rinda cuentas. Mencionó que un mecanismo para la transparencia y la rendición de cuentas, es el Comité de Auditoría que únicamente estará integrado por consejeros independientes, quienes tendrán la facultad exclusiva de elegir al auditor interno de las empresas.

Precisó que este dictamen lo que busca es modernizar a estas dos grandes empresas que posee el Estado mexicano, para brindarles elementos a efecto de que funcionen con mucha mayor eficiencia, se busque erradicar la corrupción y que únicamente regímenes gubernamentales participen en la toma de decisión. “Se trata de ponerlas a la altura de las grandes compañías energéticas internacionales”.

En tanto, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) sostuvo que estas minutas “son las actas de defunción de Pemex y la CFE”. Dejan de ser de los mexicanos como empresas estratégicas del Estado nacional, para ser del gobierno”.

Apuntó que se limita el objeto de ambas empresas, ya que se les condena a ser meros extractores. Se establece que el objeto de Petróleos Mexicanos será la exploración y explotación de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización. “Y dejan en un papel secundario otras actividades, como es la refinación”.

En el caso de la CFE, su objeto es prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. “Están desmantelando en los hechos las dos empresas y las están condenando al control total del gobierno, para que pueda fragmentarlas, dividirlas, vender sus activos y que vayan muriendo paulatinamente de inanición”, dijo.

El diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT) precisó que su voto sería en contra porque Pemex y las empresas productivas del Estado explotarán en donde decida la Secretaría de Energía y no en donde les parezca más rentable o estratégico, impidiéndoles la oportunidad de invertir recursos en otro tipo de proyectos y dejando el camino libre a las empresas privadas.

Asimismo, puntualizó, se deja a Pemex y a la CFE como propiedades exclusivas del gobierno federal y no de la nación. Dentro de las funciones del Consejo de Administración no se estipulan directrices en transparencia y rendición de cuentas. Es uno de los problemas más graves que enfrenta no sólo las dos empresas, sino toda la administración federal y estatal, sostuvo.

Enfatizó que no se contempla la creación de un Comité Anticorrupción, siendo este mal y las prácticas carentes de ética, el problema más grande que enfrenta Pemex, sus subsidiarias y filiales, al igual que la CFE. Se excluye a la Auditoría Superior de la Federación en la vigilancia y auditoría tanto de Pemex como de la CFE. No se obliga a hacer pública la información de todas las etapas del proceso de contratación, lo que implica discrecionalidad en la transparencia, afirmó.

Por Nueva Alianza, la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas refirió que el ritmo de nuestro consumo de energía en los últimos 12 años ha aumentado casi el doble del crecimiento del PIB y de no remediarlo a tiempo, tanto en consumo como en producción de energía, para el año 2020 México se convertirá en un país estructuralmente deficitario en energía.

Por ello, expresó su convicción de que las leyes permitan el impulso al desarrollo del país a través de un mercado energético sólido y eficiente. Coincidió con el propósito del dictamen, en la necesaria transformación sustancial de la CFE y Pemex, a fin de dotarlas normativamente de una sólida estructura operativa enfocada a la eficiencia, eficacia, competitividad y productividad.

Lo anterior, dijo, significó fortalecer a estas empresas con un régimen jurídico flexible que permita mayor autonomía, conforme a las mejores prácticas de gobierno corporativo. De esta manera, dijo, se propicia que cada una en su ámbito de operación, compita en igualdad de condiciones con sus contrapartes privadas, en el marco de una apertura energética que promueva el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales, mayor capital humano en el sector eléctrico y de hidrocarburos y crecimiento económico.

Al manifestarse en contra, el diputado Luis Espinoza Cházaro, del PRD, señaló que no se dará ningún fortalecimiento a Pemex con la Ronda Cero. Pidió que si de verdad se le quiere dar autonomía presupuestaria a la empresa se debe modificar el artículo 39, bajo el argumento de que contraviene y limita dicha pretensión.

Mario Alejandro Cuevas Mena, de esa misma fracción, dijo que en el artículo 2 de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Ejecutivo se otorga facultades plenipotenciarias en el sector energético a través de los consejos de administración. La columna vertebral de la reforma, abundó, debería ser la autonomía presupuestal y de gestión, tanto de Pemex como de la CFE.

Domitilo Posadas Hernández, también del PRD, dijo a su vez que lo que se busca con estas leyes es mutilar a la Comisión Federal de Electricidad a través de las subsidiarias; bajo un esquema que, subrayó, Pemex ya demostró que es obsoleto. Agregó que también se da a esta empresa la función de “chalán” de las secretarías de Hacienda y de Energía, porque se le restan facultades.

Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja (MC) comentó que en estas reformas hay una perversión del lenguaje y que no se quiere reconocer que Pemex va a estar sometida a los designios del Ejecutivo. “Los 10 consejeros de administración los nombra Peña Nieto. ¿Cómo pueden hablar de autonomía? Cinco de ellos de forma directa y los otros cinco el Senado, que “baila al ritmo que le marca, no seamos ingenuos”, dijo.

Al pronunciarse a favor, Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) refirió que el país lleva 10 años en transición del sector energético. En el tema del petróleo, dijo, hemos pasado de grandes yacimientos y a bajo costo, a una producción con mayor complejidad, con menores ingresos y con afectación de las finanzas públicas; de ahí la importancia de estas leyes, destacó.

Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (PRI) mencionó que la transformación de nuestro sistema energético nacional es prioritario, porque responde no solo a una necesidad financiera, administrativa y técnica, sino a una exigencia social. Aseguró que las empresas productivas del Estado seguirán siendo entes públicos, con mayor economía de gestión y en sus decisiones presupuestales, con mayor transparencia y rendición de cuentas.

Juan Bueno Torio, del PAN, defendió que con esta reforma se concede un anhelo de muchos años: “quitarle a la Secretaría de Hacienda las decisiones en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad”. Rechazó que se vaya a dar un desmantelamiento de estas dos empresas. Argumentó que es “una reestructuración, un rediseño del sector energético de nuestro país en beneficio de un mejor futuro. Seguramente tendremos reducción en los precios del gas y de la energía eléctrica, por lo que estamos satisfechos con esta reforma”.

Discusión de temas específicos

Una vez agotada la discusión en lo general, se abrió una ronda de discusión de temas específicos, en los que los grupos parlamentarios manifestaron interés, expusieron sus posiciones y debatieron a favor y en contra.

Se trataron tres temas: Fortalecimiento de las empresas públicas del Estado; Régimen de responsabilidades y combate a la corrupción, y Pasivo laboral y relaciones comerciales.

Fortalecimiento de las empresas públicas del Estado

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (PRD), proponente del tema “Fortalecimiento de las empresas públicas del Estado”, insistió en dar un régimen fiscal distinto a Petróleos Mexicanos, puesto que siempre ha sido muy castigada, y entraría en total desventaja a competir, y la autonomía de gestión no está garantizada.

Consideró que los institutos de investigación tecnológica deben ser apoyados y respaldados con un presupuesto que garantice no contratar mano de obra extranjera o privada. Asimismo, respetar los derechos humanos laborales y preservar el objeto social de estas empresas. “Hay un total desmantelamiento, se pretende desaparecer esas dos empresas fuertes del Estado mexicano”, destacó.

Los diputados del PRI, Jorge Del Ángel Acosta, Abel Octavio Salgado Peña, Alfredo Anaya Gudiño y Blanca María Villaseñor Gaudiño, se pronunciaron a favor del dictamen porque se fortalece a Pemex y CFE pues contarán con un estricto y transparente sistema de rendición de cuentas y se les dota de un gobierno cooperativo moderno y eficiente. Afirmaron que “ni en ésta ni en ninguna otra reforma se va a privatizar a Pemex y a la CFE”.

Por el PRD, los diputados Trinidad Secundino Morales Vargas, Mario Alejandro Cuevas Mena, Graciela Saldaña Fraire y Agustín Miguel Alonso Raya se manifestaron en contra del dictamen al considerar que se privatiza a las empresas, dijeron que es demasiado arriesgado apostarle al gas porque no somos autosuficientes y que la competencia en el sector eléctrico tampoco es garantía de disminución de tarifas eléctricas.

El diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) consideró que el régimen energético es el más importante del país y permitirá explotar, despegar y convertir a la nación en netamente competitivo. “El objetivo de esta reforma es elevar la producción de barriles, que lamentablemente en los últimos 15 años ha decaído en más de un millón”.

En tanto, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) aclaró que no es interés de su grupo parlamentario alimentar los bolsillos de las grandes transnacionales a costa del país. “No es nuestra intención que despojen a los ejidatarios y comuneros de sus tierras y que haya más corrupción en el país”.

El diputado Erick Marte Rivera Villanueva (PAN) dijo que si no se dota a Pemex de un Consejo de Administración, pilar de estrategias e inversiones, “vamos a seguir padeciendo de la falta de refinerías”. Señaló que Pemex “es una empresa cuyo objetivo principal es generar dividendos y para tener un desarrollo económico permanente necesita tener este consejo”.

Régimen de responsabilidades y combate a la corrupción

En el tema “Régimen de responsabilidades y combate a la corrupción”, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) dijo que con la reforma se ejercerá corrupción en todos los ámbitos, como en licitaciones de contratos de utilidad y producción compartida; en las licencias que se otorguen a trasnacionales; al fijar porcentajes y regalías, y al fiscalizar cada barril de petróleo extraído.

Señaló que la Ley de Petróleos Mexicanos, en su artículo 92, señala que el personal de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias no incurrirán en responsabilidades por daños o perjuicios que llegarán a ocasionar, lo que generará una total impunidad.

Asimismo, continuó, el artículo 93 precisa que “la Unidad de Responsabilidades podrá abstenerse de iniciar un procedimiento o de imponer sanciones al personal, es decir, podrán delinquir sin que les ocurra nada”.

A su vez, la diputada Dora María Talamante Lemas (NA) consideró que las implicaciones de los consejeros, como integrantes de los respectivos consejos de administración tanto de Pemex como de la CFE, serán fundamentales para el buen desempeño de ambas empresas, ya que el nuevo régimen jurídico permitirá dotarlas de mayor flexibilidad regulatoria.

Por su parte, los diputados del PRD, José Luis Muñoz Soria y Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, destacaron que el 70 por ciento de los dictámenes emitidos por la Auditoría Superior de la Federación sobre Pemex están en sentido negativo, lo que significa opacidad; aunado a que el 20 o 30 por ciento de las gasolinas que se venden en los expendios vienen de la ordeña de ductos.

En tanto, el diputado Germán Pacheco Díaz (PAN) destacó que la minuta establece que se contará con un Comité de Adquisiciones, Arrendamiento, Obras y Servicios que dará mayor transparencia al sector, pero “lo más importante, agregó, es que para su designación vamos a ser parte fundamental los diputados, ya que será por las dos terceras partes de los mismos.

Por el PT, el diputado José Alberto Benavides Castañeda indicó que los costos de la corrupción en México equivalen al 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significa que esta práctica se mantiene por las fallas e ineficiencias del gobierno.

El diputado del PRI, Samuel Gurrión Matias, mencionó que la nueva estructura permitirá a Pemex y a CFE estar a la altura de las demás empresas, ya que se adaptarán a las mejores prácticas nacionales e internacionales. “Tendremos un consejo de administración que definirá las políticas con visión estratégica y que tendrá funciones de auditoría, control, evaluación y seguimiento”, afirmó.

Pasivo laboral y relaciones comerciales

Durante el tercer tema, “Pasivo laboral y relaciones comerciales”, el diputado Agustín Miguel Alonso Raya (PRD) afirmó que las iniciativas enviadas por el Ejecutivo conculcan los derechos laborales, “que dicen que van a respetar en todo momento”, y se crea un régimen laboral de excepción en el que los trabajadores no podrán ejercer derechos humanos elementales consagrados en la Constitución, como el de huelga y reparto de utilidades.

Agregó que es necesario determinar de manera bilateral la reestructuración del sistema de pensiones de Pemex, para que el pasivo detenga su trayectoria creciente sin afectar los derechos adquiridos.

El diputado Luis Ricardo Aldana Prieto (PRI) se pronunció en favor de que los sistemas pensionarios de estas empresas sean plenamente sostenibles, que el Gobierno federal asuma parte del pasivo aboral y las empresas estén en condiciones de competir de forma exitosa. De la misma bancada, la diputada Irazema González Martínez Olivares destacó la certeza laboral que se otorga a todos los trabajadores y a los jubilados y pensionados, respecto a no alterar sus derechos adquiridos.

El diputado Víctor Manuel Manríquez González (PRD) advirtió que el pasivo laboral es el reto financiero más importante de Pemex, cuyo gasto anual representa un tercio del Presupuesto federal. Sin embargo, dijo, en la minuta no se establece cómo se afrontará y resolverá este problema, el cual asciende a 120 mil millones de pesos para este año. En tanto, la diputada Claudia Bojórquez Javier (PRD) indicó que en un modelo abierto en la electricidad, será la oferta y demanda la que fije las tarifas sin ningún control estatal. Eso provocará fluctuaciones en los precios y abusos de poder, aseguró.

Del PVEM, el diputado Arturo Escobar y Vega manifestó su convicción de que con la explotación adecuada de gas natural se reducirán los costos de electricidad. Del mismo grupo parlamentario, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, destacó que las nuevas relaciones comerciales en el sector energético no tendrán las ataduras del pasado y serán una oportunidad para generar proyectos, donde las subsidiarias se fortalecerán y deberán cumplir con la reglamentación.

Por Movimiento Ciudadano, diputado Ricardo Mejía Berdeja convocó a los legisladores del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza a firmar ante notario público el compromiso de que bajarán los precios del gas y de la luz con esta reforma energética. “De no de hacerlo, es una reforma que no tiene asideros en la realidad y sólo es intención de hacer negocios corruptos”, enfatizó.

El presidente de la Comisión, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, declaró un receso, una vez que esta reunión tiene el carácter de permanente, y citó para continuarla el día de mañana a las 10:00 horas.

Publicado por Cámara de Diputados